Ha saltado la noticia de que la Ministra de Fomento se ha desplazado a Panamá para tratar el problema que se ha planteado como consecuencia del supuesto sobrecoste que Sacyr exige para continuar con las obras de ampliación del Canal de Panamá, bajo la expresa amenaza de su paralización. Siempre creí que los intereses de una empresa privada no deben de convertirse en una cuestión de Estado, máxime cuando quienes actualmente gobiernan presume de una concepción liberal del mercado. Pero quizás ha llegado la hora de pagar favores.
Es el momento de recordar que el Presidente de Sacyr, Manuel Manrique, se encuentra imputado por el juez Ruz en el caso Bárcenas, como consecuencia del posible pago de 200.000 euros al PP de Cospedal como contraprestación por la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Toledo de un contrato para la gestión de residuos a la empresa Sufi, filial de Sacyr. Aunque podemos intuir que esta presunta comisión no es más que la punta del iceberg, teniendo en cuenta las numerosas e importantes obras públicas que los gobiernos del PP han contratado con Sacyr, y las generosas donaciones de esta empresa al PP, cuando era presidida por Luis del Rivero, y que aparecen reflejadas en su contabilidad B.
En noviembre pasado Manuel Manrique se indignaba por el descrédito que sufría la marca España como consecuencia de la investigación emprendida por el Juez Ruz, al cuestionar la buena reputación de las empresas españolas. Sin embargo es ahora la empresa que preside, con una actitud propia de la picaresca más recalcitrante, la que está poniendo por los suelos a la propia marca España, cuyo descrédito a nivel internacional resulta más que evidente, y sus consecuencias en el futuro se pagarán por la desconfianza que se puede suscitar a la hora de contratar con empresas españolas.
El pasado viernes, en una entrevista en la cadena SER, un portavoz de Sacyr reconocía que no había tenido lugar un aumento de obra, y eran situaciones imprevistas (citaba, entre otras la inadecuada calidad de los materiales empleados para preparar el cemento) las que habían dado lugar al sobrecoste de las obras; lo que en modo alguno justifica un incremento de un 50% sobre el precio inicialmente previsto, y nos permite sospechar que se acudió inicialmente a una baja temeraria para obtener la adjudicación de las obras, a sabiendas de que tarde o temprano harían valer la situación ahora planteada.
¿Qué pinta ahora Ana Pastor en Panamá para colaborar en la solución de un problema contractual de una empresa privada?, ¿alguien se lo explica?. Solo falta que acabemos pagando con nuestros impuestos la ampliación del Canal de Panamá. Los lazos que unen la corrupción política y la picaresca empresarial han convertido nuestro país en una cloaca infecta que cada día huele peor, y la fetidez parece extenderse libremente por el mundo, en nuestro propio perjuicio, y con la colaboración activa de nuestros actuales dirigentes.
FERNANDO DE SILVA - Abogado
Publicado en "El Plural" - 6/1/14
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